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miércoles, 25 de enero de 2023

 

El multitudinario cabildo de Santa Cruz emplazó al gobierno de Luis Arce Catacora a liberar en un plazo de 30 días al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y a todos los presos políticos, caso contrario, se impulsará el revocatorio del mandato presidencial.

En la quinta pregunta, el líder cívico Rómulo Calvo preguntó a la población: “¿Están todos de acuerdo en exigir al gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía de un plazo no mayor de 30 días que determine la liberación de Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos de Bolivia? En caso de incumplimiento, ¿están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático?”.

Los movilizados aprobaron esa pregunta y exigieron la liberación de Camacho, quien esta recluido en el penal de Chonchocoro, en La Paz, por el caso golpe de Estado.

El líder cívico recordó que Camacho fue parte de la lucha de los 21 días en 2019, cuando se denunció el caso fraude electoral de Evo Morales.

Por eso, señaló que la liberación del gobernador cruceño es un compromiso que todos deben asumir, porque con Camacho está preso el voto mayoritario de los cruceños.

“Luis Fernando no estás solo, todo tu pueblo esta con voz. Luis Fernando seguí siendo nuestro gobernador”, señaló, mientras la ciudadanía gritaba gobernador, gobernador, gobernador.

Calvo señaló que Camacho fue elegido por la mayoría de los cruceños, por lo que no descansarán hasta que se lo traiga de retorno a Santa Cruz.

El cívico también exigió que la amnistía alcance a la expresidenta Jeanine Añez, al cívico Marco Antonio Pumari y todos los presos políticos en el gobierno de Arce. Fuente: Página Siete

viernes, 20 de enero de 2023

La nueva currícula escolar que pretende ser aplicada desde este año recibió aportes de 75 instituciones, la mayoría afines al Gobierno, Maestros aseguran que ninguna de sus sugerencias fueron incorporadas en este nuevo plan.

“Fueron varias organizaciones las que presentaron sus propuestas para que se elabore el nuevo plan curricular”, dijo a Página Siete el coordinador del Instituto de Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, Fernando Carrión.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Educación, al cual tuvo acceso Página Siete, 75 organizaciones fueron invitadas para aportar a la actualización del plan curricular, de las cuales 42 son instituciones y agrupaciones afines al Gobierno.

Entre las entidades que participaron en este proceso están la Cámara de Diputados y la de Senadores. Están -también- los 13 ministerios, como los ministerios de Defensa, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de Economía y Finanzas Públicas, entre otros.

También están otras 17 instituciones que pertenecen al Estado como el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, la Aduana Nacional, el Instituto de Reforma Agraria, la Agetic, el Sedem y el Servicio de Impuestos Nacionales, entre otros.

Participaron -además- siete organizaciones sociales afines al Gobierno, como el Conamaq, la Comibol, la Confederación Sindical de Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, entre otras.

A la lista se suman la Policía, las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto de Geografía Militar, las confederaciones de maestros urbanos y rurales, la Junta Nacional de Padres de Familia y la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop).

Forman parte de la lista -también- otras cinco instituciones de la Iglesia Católica y Metodista y Escuelas de Cristo.

Participaron -además- 15 fundaciones e instituciones privadas que están vinculadas a la educación, como Visión Mundial, Save the Children, IPAS y otros. Estaba -también- el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo que esta actualización curricular fue trabajada con las dos confederaciones de maestros. “Ellos han hecho eventos en cada distrito educativo en la gestión 2021, después a nivel departamental. Finalmente en 2022, en Cochabamba la hemos terminado”. Aseguró que padres de familia y estudiantes presentaron sus propuestas.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos, Ludbin Salazar, indicó que pese a que ellos presentaron una propuesta, “no se incorporó ni un punto (a la malla curricular)”, y aseguró que por eso rechazan dicha disposición porque está “ideologizada”.

El Ministerio de Educación indicó que este nuevo plan curricular se aplicará a partir de esta gestión, pero Salazar aseguró que los maestros no lo harán y puso en duda el inicio de la gestión educativa programada para el próximo 1 de febrero.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) presentó sus observaciones el miércoles e indicó que “esta currícula no prioriza la calidad educativa. Fue definida unilateralmente”.

Puma cuestionó a la Iglesia “¿dónde estaba cuando nosotros hicimos la actualización curricular? Los invitamos y nunca nos hicieron llegar una propuesta”.

Para el pedagogo y docente de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Orlando Huanca esta actualización del plan curricular debería ser elaborado según todas las sugerencias de los actores sin fijar colores políticos. Fuente: Página Siete

 

jueves, 19 de enero de 2023

El ministro de Justicia, Iván Lima, acusó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y de Creemos, Luis Fernando Camacho, de bloquear en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez por las muertes registradas en noviembre de 2019. Informó que el juez cautelar Primero de Instruccion en lo Penal de El Alto ya “admitió el inicio de investigación contra Jeanine Añez” por el caso Senkata.

“Soy el titular del Sepdavi, que es el que defiende a las víctimas de Sacaba y Senkata. Ante la actitud hipócrita de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de decirles a los medios que se iba a dar los dos tercios para una autorización congresal, cosa que no han hecho y que han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra que buscar justicia para las víctimas”, señaló Lima.

En ese sentido, el ministro de Justicia informó que se presentó una solicitud ampliatoria al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto, para que la expresidenta Jeanine Añez sea investigada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, durante los conflictos en Senkata.

Según Lima, “el Juez Cautelar admitió el inicio de investigación contra Jeanine Añez. Se presentó una inhibitoria para descartar los reclamos de senadores y diputados que reclaman competencia para juzgarla”.

El juez Primero de Instruccion en lo Penal de El Alto, Marco Antonio Amaru, determinó lo siguiente: “Téngase por ampliada la investigación en contra de la ciudadana Jeanine Añez Chávez por la comisión del delito de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves aspecto que se tomará en cuenta en futuras actuaciones procesales y a los fines del control jurisdiccional”.

Respecto al recurso de excepción de incompetencia por inhibitoria, el mismo juez programó audiencia virtual para el próximo martes 24 de enero, a horas 14:30, donde se definirá si se da curso a la misma.

Lima comunicó que en esa audiencia dicho juez definirá si tiene competencia o no para juzgar a Añez por el caso Senkata.

“Como asesores de las víctimas, le hemos pedido al Juez Primero de Instrucción Cautelar de El Alto, que defina la situación de si es un Juicio Ordinario o un Juicio de Responsabilidades donde deba llevarse este proceso judicial. El juez hoy nos ha contestado señalando una audiencia para el martes 24”, señaló la autoridad.

Inca ve una “acción política” en este caso

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en El Alto, David Inca, considera que fue una “acción política” que se haya determinado juzgar a la exmandataria por la vía ordinaria.

Precisó que el Sepdavi hizo firmar a las víctimas un memorial para que Añez sea juzgada en juicio de corte, y de igual manera, signaron para que sea sometida a juicio ordinario.

“Las mismas víctimas que firman (el memorial para) el juicio de responsabilidades, son las que firman la ampliatoria para el juicio ordinario. Las víctimas a las que estoy representando, también de Sacaba y vocales electorales, no han firmado ninguna petición de ampliatoria”, señaló.

Añez se encuentra detenida en el penal de Miraflores, sentenciada a diez años de prisión por el caso “Golpe II”. Pesa también sobre ella la acusación por terrorismo en el caso “Golpe I” y una imputación por el caso EBA; además de otras acusaciones para juicio de responsabilidades ante la ALP, presentadas por el ministro Lima. Fuente: Página Siete

 

lunes, 9 de enero de 2023

 

El Ministerio de Salud reportó este lunes 8.878 nuevos casos confirmado de COVID-19 en la última semana epidemiológica.

El titular de esa cartera, Jeyson Auza confirmó la información en una conferencia de prensa.

“En la última semana epidemiológica hemos tenido 8.878 nuevos casos (de COVID-19), eso representa una reducción de 37%, respecto de la última semana”, dijo.

Es la segunda semana descenso, con 5.131 casos menos que la anterior semana.

La autoridad aseguró que los nueve departamentos del país presentaron el descenso de pacientes con la enfermedad.

Santa Cruz, pese a haber presentado una baja en la tasa de pacientes confirmados “sigue siendo el departamento con más contagios”.

Desde que el COVID-19 legó a Bolivia, en marzo de 2020, se reportaron 1.172.105 casos confirmados de la enfermedad.

De ese total, 1.120.686 pacientes se recuperaron, pero 22.320 perdieron la vida.

La autoridad destacó que “pese a la gran cantidad de casos que se presentaron en la quinta ola, la tasa de letalidad se mantuvo en 0,1%, es decir, hubo más casos, pero menos fallecidos”.

Atribuyó ello al plan de vacunación que se implementó desde el 29 de enero de 2021, que hasta la fecha alcanzó un total de 15.645.553 dosis aplicadas.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, 6.445.700 personas fueron beneficiadas con la primera dosis, 5.252.547 con la segunda y 2.176.610 con la tercera.

Mientras que la cuarta dosis, o anual, alcanzó a 572.028 personas, y la de aplicación única llegó a 998.668 personas.

Auza recomendó a la población acudir a los puntos de vacunación, para evitar cuadros graves de la enfermedad. Fuente: La Razón

viernes, 6 de enero de 2023

 

El general Jorge Gonzalo Terceros Lara, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), de nuevo es mencionado en las investigaciones por la crisis de 2019, esta vez en el caso Golpe de Estado I.

Ese año, el exjefe militar protagonizó varios episodios de la “ruptura constitucional”, que derivó en la dimisión de Evo Morales y la posesión de Jeanine Áñez como presidenta transitoria.

Ahora, también se lo señala de haber recibido dinero de entonces presidente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, durante ese periodo, elemento que ahora es objeto de investigación en el caso Golpe de Estado I.

El Gobierno reveló el miércoles que Camacho realizó “grandes movimientos financieros”, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, que llegan a al menos Bs 4,5 millones.

Según las investigaciones, ese dinero se depositó a distintas personas, entre ellas, exautoridades y exjefes militares, como el general Terceros, quien ahora guarda detención en Palmasola, en Santa Cruz.

En ese marco, Eusebio Vera, abogado de Terceros, confirmó que sí hubo esas transferencias, empero, negó que esos recursos hayan sido para un “golpe de Estado”.

“Efectivamente hubo esos depósitos, pero lo que el señor Ministro (Eduardo del Castillo) no señala es cuánto fue el monto, y yo le puedo asegurar que no alcanza ni a 30.000 bolivianos”, afirmó.

El jurista aseguró que Terceros nunca tuvo contacto con Camacho y que fue el entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien “ha canalizado” los depósitos.

Con todo, ese hecho está en investigación, por parte del Ministerio Público.

No obstante, el exjefe militar jugó un “papel clave” durante la crisis de 2019, pues también protagonizó varios hechos entre la dimisión del entonces Jefe del Estado, su salida del país y durante el gobierno transitorio de Áñez.

El 10 de noviembre, horas antes de que Morales renuncie a la presidencia, Terceros puso en vilo su seguridad.

En esos momentos, el Mandatario decidió trasladarse al Chapare, su bastión, para mayor seguridad. No obstante, testigos de lo sucedido relataron que Terceros intentó frenar ese operativo.

Pese a ello, Morales, su vicepresidente Álvaro García, su ministro Juan Ramón Quintana y la guardia presidencial, “pistola en mano”, hicieron salir el avión del hangar de El Alto para que despegue con destino a Chimoré.

El ministro Del Castillo denunció ‘grandes movimientos’ de dinero de Camacho en favor de exautoridades y exjefes militares. Foto: APG.

A las 16.52, de ese 10 de noviembre, Morales anunció su renuncia y denunció un “golpe cívico-político-policial”, pues la Policía se había amotinado y las movilizaciones violentas no daban tregua. Aparte, el alto mando militar pidió su renuncia.

A esto se suma las acciones que asumió el entonces comandante de la FAB, cuando Morales salió del país rumbo a México
Un día después de la dimisión presidencial, gestionado el avión del Gobierno de México para que recoja a Morales tras la otorgación de asilo político, la aeronave tuvo que esperar más de 12 horas para poder cumplir su cometido.

Fuentes que conocen el caso afirman que Terceros tuvo mucho que ver en este “bloqueo”.

El avión mexicano aterrizó en Perú para esperar los permisos de acceso al espacio aéreo boliviano.

Tras lograrlo, se dirigió a Chimoré, pero luego se informó al piloto que hubo un cambio de opinión, y tuvo que volver a suelo peruano.

“Finalmente el Comando de la Fuerza Aérea (boliviana) otorgó el permiso, lo cual dice también quién tiene el poder ahorita en Bolivia”, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard el martes 12 de noviembre de 2019, cuando Morales ya estaba en México.

Otro hecho que marca el protagonismo de Terceros, en 2019, por el que se lo acusa, es que recibió órdenes del expresidente Jorge Quiroga, quien participaba en reuniones extralegislativas para allanar el camino de Áñez a la presidencia.

Se develó que Quiroga le dio aval a Terceros para la partida de Morales con destino a México y así presionar a una “negociación” a la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. No lo logró.

“Tuto habla con el comandante de la Fuerza Aérea y le instruye que emita la autorización de despegue de la nave donde se encontraba Evo Morales, a lo cual el comandante consultó sobre si debe despegar solo Morales o también sus acompañantes que eran Álvaro García Linera y Gabriela Montaño, a lo que Tuto Quiroga le dijo: ‘no… no hay problema, los tres están autorizados”, reveló la exministra Teresa Morales a la Fiscalía.

A esto se suma su participación en la internación de material antidisturbios desde Argentina, un día después de la proclamación de Áñez en 2019.

En ese marco, Terceros y el entonces comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, fueron imputados por los delitos de tráfico de armas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

El caso fue descubierto el 8 de julio de 2021, cuando se conoció la carta al entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez.
En la misiva, el diplomático afirma que Terceros le hizo llegar un agradecimiento por la provisión de “material bélico”.

Con todo, su participación en los hechos posteriores a la posesión de Áñez ya fueron dilucidados en el caso denominado Golpe de Estado II, el cual ya tiene sentencia. Áñez fue condenada, en primera instancia, a 10 años de prisión.

Mientras que Terceros fue sentenciado a tres años de cárcel, pero recibió la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, sigue detenido por el caso envío de material antidisturbios desde Argentina. Fuente: La Razón

lunes, 2 de enero de 2023

 

El subcomandante de la Policía cruceña, coronel Edson Claure, le dejó en claro al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que la Policía no es enemiga de la población.

«Nosotros (policías) estamos en la perspectiva de precautelar, resguardar la integridad de todos los estantes y habitantes de la población. Queremos evitar una situación de riesgo y obviamente entrar en un contexto de pacificación de lo que se está viviendo en este momento en Santa Cruz”, dijo.

“La Policía no está para agredir a la población y no lo va a hacer, la Policía no es enemiga de la población y va a tomar las acciones de prevención para que ninguna entidad, sea pública, sea privada; sea objeto de agresión», remarcó el jefe policial.

La mañana de este lunes, Calvo, en compañía del euro diputado Víctor Gonzales y del parlamentario chileno Luis Fernando Sánchez, sostuvo un encuentro con el Subcomandante.

Confrontación

Calvo, flanqueado por los extranjeros, le aseguró a Claure que, durante cinco días, los uniformados actuaron “con violencia y odio ante la población cruceña”.

“Es la realidad de lo que vivimos los cruceños en este momento, es un abuso, no se puede negar que ha habido abuso policial y abuso a los bienes privados y públicos”, afirmó.

Reacción

Claure le respondió que los efectivos del orden no promovieron los hechos violentos, pues los generaron grupos radicales organizados, que pretenden «distorsionar» la situación.

“Con el pretexto de tomar las instituciones atacan a la fuerza del orden”, enfatizó, y recordó que hay varios uniformados que resultaron heridos en los enfrentamientos.

«Toda acción genera reacción, la Policía no ha ido a enfrentar ni a promover estos hechos (…) Son sectores radicales que están distorsionando este escenario», aseveró la autoridad policial.

Versiones de prensa que se generan en Santa Cruz atribuyen estos hechos violentos a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité Pro Santa Cruz. Calvo, por su lado, habla de “autoatentados”.

Solicitud

El subcomandante aprovechó el encuentro y pidió Calvo, al igual que a otras autoridades cruceñas, evitar más situaciones de riesgo y no llamar a la confrontación.

“Evitemos situaciones de riesgo, evitemos confrontación, evitemos esa situación. Llamemos a la reflexión, la Policía no va a hacer ninguna intervención que genere situaciones de violencia», aseveró.

Investigación

Calvo insistió con que la Policía utiliza la extrema violencia y demandó que se investigue a los policías que “arremetieron contra los cruceños”.

“Serán las investigaciones ante las autoridades pertinentes que determinarán si existió o no excesos policiales», dijo

«Y en caso de ser así, se iniciarán los procesos disciplinarios que correspondan”, acotó.

Aseveró que la Policía no quiere ese escenario (de violencia).

Además, que si hay excesos o abusos, se tomarán las medidas disciplinarias, administrativas y hasta penales que correspondan. Fuente: La Razón

Clínico Liendo

Endocrinóloga

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