Gobierno nacional presenta la Política Plurinacional contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos para el 2021–2025

 “Se trata de una lucha y una cruzada de todas y todos”, del Gobierno Central, gobiernos autónomos, familia, escuela, medios de comunicación y demás actores, dijo el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles presentó hoy la Política Plurinacional Contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos para el periodo 2021–2025, con el lema “Uniendo esfuerzos” y 12 acciones estratégicas que tienen el objetivo central de luchar contra el delito que afecta los derechos fundamentales de la población a la vida, a la libertad y a la libertad sexual.

Detalló que para la construcción de la política plurinacional se realizó una evaluación de la política anterior que estuvo vigente hasta 2019, política que dejó muchos logros cumplidos, pero también muchos desafíos pendientes, afirmó la autoridad, cita un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.

“Hemos construido la Política Plurinacional Contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos para el periodo 2021–2025 con muchos más desafíos, pero con la misma voluntad de logrará en definitiva erradicar este delito grave como es la trata de personas y el tráfico de migrantes”, añadió.

La presentación del documento se realiza este 30 de julio, cuando se recuerda el Día Mundial contra la Trata de Personas.

La autoridad lamentó que se trate del tercer delito más rentable a nivel global, después del narcotráfico y del tráfico de armas, además develó que se han diversificado las formas para captar a las víctimas por lo cual se debe poner mucha atención en la prevención.

Siles acotó que estos delitos afectan a los derechos fundamentales de las personas como son el derecho a la vida, a la libertad y a la libertad sexual. 

En este tiempo de gestión de gobierno, destacó el trabajo conjunto en la construcción de la política plurinacional a la que denominó “piedra fundamental”, y agregó que ahora el desafío es la construcción de las políticas públicas y los planes de los gobiernos autónomos, que permitirán concretar los lineamientos establecidos.

Indicó que el primer resultado de la política pública 2021-2025, es la estrategia comunicacional “Uniendo esfuerzos” y adelantó que una de las recomendaciones del documento muestra la necesidad de modificar la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas de 31 de julio de 2012, que tiene 10 años de vigencia y que aportó a la lucha contra estos delitos, pero que debe ser actualizada a las nuevas formas de captación y que debe generara mayor especialización en la Policía y otras instituciones a fin de desbaratar a grupos organizados en torno al crimen.

Asimismo, manifestó que “se trata de una lucha y una cruzada de todas y todos”, Gobierno Central, gobiernos autónomos, familia, escuela, medios de comunicación y demás actores, y subrayó que se destinarán más recursos económicos, además de consolidar los esfuerzos bilaterales y multilaterales para frenar la trata y el tráfico de personas.

La política pública fue aprobada y presentada por el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas después de la sistematización de los aportes de los Consejos Departamentales, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana y el Órgano Judicial.

Busca establecer las bases fundamentales para que las instituciones públicas de los distintos niveles del Estado elaboren y ejecuten planes, programas y proyectos orientados a la prevención, lucha y erradicación de estos delitos.

Los tres objetivos específicos de esta Política Plurinacional son: 1. Conocer el estado de situación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el contexto nacional; 2. delimitar acciones institucionales, para los tres niveles del Estado, en el marco de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. y 3. Establecer responsabilidades institucionales, para los tres niveles del Estado, en el marco de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Por otro lado, los resultados esperados de la Política Plurinacional son siete: 1. reducir el número de víctimas de trata de personas en el territorio boliviano; 2. reducir el número de víctimas bolivianas de trata de personas en territorio extranjero; 3. prevenir y atender las vulneraciones de derechos humanos a los migrantes en situación irregular en el territorio boliviano; 4. garantizar la atención y reintegración de víctimas de trata de personas. 5. reducir el número de personas desaparecidas en el territorio boliviano; 6. garantizar la gratuidad de la atención, prioritariamente de salud, en todas las revisiones que las víctimas requieran; 7. disponibilidad de centros y recursos de acogida capacitados para todo tipo de víctimas de trata de personas (incluidos adultos varones) y para migrantes en situación irregular cuyos derechos estén siendo vulnerados.

Un aporte valioso de esta política es que se recupera el enfoque de género y derechos humanos establecidos en la Ley 263 Integral de Lucha Contra la trata y tráfico de Personas y cuenta con indicadores específicos y medibles para el respectivo monitoreo y evaluación intermedia y final de sus resultados.

Asimismo establece 12 acciones estratégicas de la Política Plurinacional: 1. proponer Acuerdos y Convenios Bilaterales a la comunidad internacional, particularmente a países fronterizos, para incrementar y mejorar la cooperación internacional en la resolución y manejo adecuado de la problemática de Trata de Personas, Delitos Conexos y Tráfico Ilícito de Migrantes como delitos transnacionales; 2. modificación de la Ley 263 “Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas”; 3. modificación la Ley 370 “Ley General de Migración”, según sea pertinente, para mejorar la atención y viabilizar el trato digno a los migrantes en situación irregular en territorio boliviano, en el marco de los derechos humanos; 4. dotación de equipamiento adecuado a los puestos de frontera.

5. capacitación constante a servidoras y servidores públicos, personal policial, del Ministerio Público y jueces; 6. elaboración y gestión de implementación de campañas de prevención relacionadas a la captación de víctimas de trata de personas y de delitos conexos en las nuevas tecnologías de información y comunicación, principalmente hacia niñas, niños y adolescentes y sus padres, madres o tutores; 7. dotación de equipamiento adecuado a las Divisiones de Trata y Tráfico de personas; 8. desarrollo de un modelo de atención en centros de acogida especializados para víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos.

9. capacitación constante a servidoras y servidores para que las víctimas de trata de personas sean atendidas adecuadamente en su proceso de reintegración; 10. creación y/o fortalecimiento de centros de acogida especializados para la atención y la reintegración a víctimas de trata de personas; 11. manejo de información mediante implementación de un sistema informático articulado; 12. elaboración de una Ley de Personas Desaparecidas que permita esclarecer y diferenciar la atención de casos de trata de personas respecto a los casos de desaparición por otros motivos.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen – UNODC, la población más afectada por el delito de trata en Sudamérica son las mujeres con un 69%, varones 25%, niñas 5% y niños 1%.

Desde el 2015 al 2021, la Policía Boliviana ha recibido 2.631 denuncia por trata de personas. La extensión fronteriza que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia y su ubicación geográfica genera una vulnerabilidad en la lucha contra la trata de personas, pues llega a ser utilizado como un país de origen, tránsito y destino, hecho que incrementa los factores de riesgo.

El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y lucha contra las Drogas (OBSCD), develó que el mayor porcentaje de víctimas de trata son mujeres, con un 67%, cifra que es producto de la cultura aún machista y patriarcal presente en Bolivia y la región.

En relación a la edad de las víctimas, se tiene registrado que el mayor porcentaje de víctimas de trata estarían entre los rangos de edad de 11 a 20 años con un 46,9%, siendo el 38,8% adolescente, seguido por víctimas entre 21 y 30 años de edad, que significa un 13,9%. Fuente: Ahora El Pueblo