El diputado Carlos Alarcón explicó en Que No Me Pierda la urgencia de tratar en la Asamblea Legislativa su proyecto de "Ley Antibloqueos". La norma, presentada originalmente en diciembre, propone una reestructuración del Código Penal para que la interrupción de vías públicas deje de ser vista como una medida de protesta y sea castigada como un delito criminal.

El proyecto establece una escala de sanciones que varía según el grado de participación y la violencia ejercida en los puntos de obstrucción:

Bloqueadores: De 3 a 6 años de cárcel.

Instigadores y financiadores: De 5 a 8 años de reclusión.

Bloqueos violentos: De 10 a 20 años de cárcel si se atenta contra la integridad física o bienes públicos y privados.

"Cualquier persona o grupo de personas que bloqueen las vías públicas impidiendo el libre tránsito (...) comete delito y no ejerce el derecho constitucional a la protesta", afirmó Alarcón.

Uno de los pilares de la propuesta es la protección legal para las fuerzas del orden. El diputado explicó que busca evitar que los efectivos sean procesados por cumplir con su deber, siempre que respeten los protocolos de proporcionalidad.

"Se establece las garantías para los efectivos policiales (...) para que cuando ejerzan la fuerza legal y legítima del Estado de manera proporcional y de manera necesaria (...) no tengan ninguna responsabilidad ni penal, ni civil, ni disciplinaria ni administrativa", detalló el legislador.

Alarcón fue enfático en que la norma busca revertir situaciones donde el policía termina siendo el victimario: "De esta manera nunca más serán utilizados los policías como carne de cañón (...) y tampoco como cabeza de turco". Además, sugirió que en zonas de alta peligrosidad o "zonas rojas", las fuerzas del orden deben ir equipadas incluso con "armas reglamentarias".

Abrogación de la "Ley Copa" y resarcimiento

El proyecto también plantea la abrogación de la Ley de Estado de Excepción vigente (promulgada por Eva Copa en 2020), al considerar que inviabiliza el uso de la fuerza legal del Estado. Asimismo, introduce la responsabilidad solidaria para el resarcimiento de daños:

"Es suficiente que [la víctima] demande a un promotor o a un financiador, organizador o a uno de los que está bloqueando y ese tendrá que responder por la totalidad del daño que le causó".

Tras el receso legislativo, Alarcón se mostró "moderadamente optimista" sobre la aprobación de la ley, señalando que Bolivia no puede seguir bajo la "ley de la selva".

"¿Qué inversiones de calidad van a venir en un escenario donde los que gobiernan en Bolivia son los bloqueos y no los gobernantes? Ese es un tema dramático", cuestionó, subrayando que el país necesita recuperar el principio de autoridad para evitar que los productos se sigan "pudriendo en los caminos". Vía . Red Uno