octubre 20, 2022
erwin
Arturo Murillo, el hombre fuerte del gabinete de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), se arriesga a estar 10 años tras los barrotes de una cárcel de Estados Unidos.
El exministro de Gobierno se declaró este jueves culpable “de conspiración para lavar sobornos” recibidos “a cambio de ayudar de manera corrupta” a una firma estadounidense.
Esa empresa era Bravo Tactical Solutions (BTS), que logró un contrato de $us 5,6 millones con el gobierno de Áñez para gestionar la venta de gases lacrimógenos y otros equipos no letales.
No obstante, en el negocio se cocinó un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones, que fueron repartidos entre Murillo y sus cómplices, y emplearon al sistema financiero estadounidense.
Murillo fue detenido en Florida, en mayo de 2021. Había huido a Estados Unidos días antes del fin del mandato de Áñez, el 8 de noviembre de 2020, acorralado por denuncias de corrupción.
CULPABILIDAD
Este jueves, asumió su culpabilidad en una audiencia. Le tomó 17 meses tomar oficialmente esa decisión, luego que los “co-conspiradores”, sus cómplices, lo hicieron con antelación.
El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos determina que Murillo, de 58 años, recibió al menos $us 532.000 en pagos de soborno de BTS, que tenía sede en Florida.
“Murillo y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero de los EEUU, incluidas cuentas bancarias en Miami, Florida”, señala la nota.
Se revela que el exparlamentario de Unidad Demócrata (UD), que dirigió con mano dura su ministerio, recibió aproximadamente $us 130.000 en pagos de sobornos en efectivo.
Ahora, “culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero”, afronta una sentencia máxima de 10 años de prisión, y la fecha de su audiencia está todavía en suspenso.
¿Quiénes son sus cómplices? Sergio Méndez, su exjefe de gabinete en el Ministerio de Gobierno, además de Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, socios de BTS.
Todos se declararon culpables el 28 de septiembre de 2021. Los dos primeros, por conspiración para cometer lavado de dinero; el juez los condenó a 42 y 38 meses de prisión, respectivamente.
Mientras que los dos últimos asumieron el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y recibieron 28 y 26 meses de cárcel, respectivamente.
Los cuatro fueron sentenciados el 9 de junio de 2022. Murillo está ahora a la espera del fallo que dictará un juez de un tribunal de distrito federal, tras “considerar las pautas de sentencia”.
Asimismo, fue parte el agente especial interino a cargo Michel E. Buckley, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, remarca el comunicado del Departamento de Justicia.
“La oficina de campo de HSI en Fort Lauderdale está investigando el caso… La fiscal federal adjunta Gabrielle Charest-Turken está manejando la confiscación de activos”, complementa.
Los acusadores de Murillo son la abogada Jill Simon y el subjefe Gerald M. Moody Jr., de la Sección de Fraudes de la División Criminal, y el fiscal federal adjunto Eli S. Rubin, de Florida.
Así, la travesía de Murillo en Estados Unidos fue truncada por el control y las investigaciones de Estados Unidos al sistema financiero de su país, que develaron la trama del lavado.
El Gobierno de Bolivia incluso ya puso en marcha un juicio civil para recuperar el dinero que fue parte de la corruptela, y también activó los trámites para la extradición del exministro.
No obstante, para ello, Murillo deberá cumplir primero su condena en suelo estadounidense. En mayo, la exautoridad incluso emitió un condicionamiento para su traslado a Bolivia.
Mediante una carta publicada en el periódico digital Okdiario, indicó que aceptaría una extradición si el presidente Luis Arce concedía arresto domiciliario a la expresidenta Áñez.
Incluso pidió la entrega del coronel Maximiliano Dávila, acusado de narcotráfico por EEUU.
EL CASO ÁÑEZ
La exmandataria, al igual que otros integrantes de su gabinete, son indagados por la Justicia.
Áñez se encuentra en el penal de Miraflores de La Paz, y fue condenada, en primera instancia, a 10 años de cárcel por el caso llamado Golpe de Estado I, sobre su proclamación en 2019.
El 12 de noviembre de ese año, Áñez se proclamó primero presidenta del Senado y luego, presidenta del Estado. Según la Fiscalía, lo hizo sin respetar la Constitución y el reglamento de la Cámara Alta.
La exsenadora de UD, ese día, tomó el poder, acompañada de Murillo. El 14 de noviembre emitió el decreto 4078, que exoneró de responsabilidades penales a militares en operativos.
De esta forma, una jornada después, la represión derivó en la masacre de Sacaba, con 10 fallecidos. Y el 19 de noviembre se produjo la masacre de Senkata, con otros 10 muertos. Fuente: La Razón
0 comments:
Publicar un comentario