La oposición pide la cabeza de Chávez y el Gobierno dice que acelera la Gestora

 Legisladores de oposición piden la destitución del procurador Wilfredo Chávez, debido al fallo arbitral dictado en contra de Bolivia por el atraso en la nacionalización del sistema de pensiones. Desde el Ejecutivo se anunció que se acelerará el inicio de operaciones de la Gestora y se tomarán las acciones de defensa necesarias. Hasta la fecha ya son 12 los arbitrajes perdidos, que le cuestan al país 714 millones de dólares en indemnizaciones.

“El Procurador debe dar un paso al costado. El Gobierno debe colocar a una persona más eficiente que, planifique los juicios internacionales en este puesto”, manifestó el diputado de CC, Alberto Astorga.

El 12 de julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó un laudo arbitral que ordena a Bolivia indemnizar con 105 millones de dólares (730,8 millones de bolivianos) al banco español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, que obligó a la AFP previsión salir del país.

Ante el dictamen, el Gobierno dio a conocer su posición por medio de un comunicado de cuatro puntos. En el tercero señala: “Nuestro gobierno ha dispuesto dar continuidad al contrato con la empresa Heinsohn Business Technology (HBT), permitiendo a la Gestora Pública iniciar operaciones con el respaldo técnico necesario en el menor tiempo posible”.

La empresa a la que hace referencia es la proveedora del softwar que la entidad requiere para funcionar. Desde la creación de la Gestora ya se contrató dos empresas para esta labor.

Nacionalización y software

En 2009, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, el Gobierno decidió nacionalizar el sistema de pensiones, que entonces era manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión y Futuro. La nueva Carta Magna estableció que este fondo no debía ser manejado por un ente privado. Es decir que ambas AFP deberían dejar de operar en el país para que el sistema de pensiones pase a manos de, por así decirlo, una AFP estatal.

Para ello, en 2010 se promulgó la Ley N° 065 de Pensiones. Si bien la norma ya mencionaba la creación de la Gestora para la administración el fondo, no fue hasta 2015 cuando mediante el Decreto 2248 se aprobaron los estatutos de la institución y se contrató a un gerente general para que empiece sus operaciones.

La estatal debía entrar en pleno funcionamiento en junio de 2016; sin embargo, al llegar la fecha se promulgó el decreto 2802, que recorría el plazo hasta septiembre de 2017. Llegado el día, se volvió a retrasar la puesta en marcha hasta el 20 de marzo de 2019. Pero este plazo tampoco se cumplió y se recorrió hasta septiembre de 2021. Hoy, casi un año después de esa último disposición, la Gestora aún no opera.

Cada plazo vencido derivó en una crisis distinta y diferentes denuncias sobre sueldos altos, contratos incumplidos, arbitrajes, etc. En todas esas oportunidades se prometió acelerar la puesta en marcha de la Gestora.

En 2019, Luis Arce, entonces ministro de Economía, apuntó al software como el principal problema. Dijo que éste debía efectuar 890 adecuaciones normativas pero sólo presentó 75, es decir el 8%. “Contrariamente, la migración de datos ya ha alcanzando a más del 90%”.

De acuerdo al Sicoes, en todos estos años se han contratado dos empresas para proveer a la Gestora del software. En febrero de 2017 se adjudicó el servicio, de forma directa, a la empresa panameña Sysde Internacional INC, por un monto de 5,1 millones de dólares.

El producto debía ser entregado en dos fases, la primera en septiembre de ese año y la segunda en enero de 2018. Sin embargo no hubo los resultados esperados y en 2019 se procedió a rescindir el contrato por incumplimiento.

Sin el software y con la necesidad de uno, se procedió a buscar a un nuevo proveedor. Es así que el 23 de octubre de 2019, en medio de la crisis electoral por las elecciones fallidas, se firmó un contrato (por 10,9 millones de dólares) con la colombiana HBT, empresa a la que el Gobierno hace referencia en su reciente comunicado sobre el laudo arbitral.

A los días de la firma del contrato, éste se suspendió por presuntas irregularidades, situación que tres meses después fue ampliada con el aviso de la intención de rescindir el acuerdo. En mayo de 2020, el gobierno transitorio dio por resuelto el contrato, por lo que el proveedor solicitó un arbitraje, negando toda irregularidad y denunciando que el Gobierno nunca le mostró la auditoría con la que lo denunciaba.

En la gestión 2021, ambas partes iniciaron un proceso de conciliación, que -a finales de ese año- concluyó con el reconocimiento del contrato firmado en 2019 y la actual ratificación del mismo mediante un comunicado gubernamental. Fuente: Página Siete