La justicia inicia el proceso contra el grupo parapolicial

 

Luego de año y medio, debido a los actos de violencia cometidos y los daños a bienes públicos, hoy está previsto el inicio del juicio en contra de los cabecillas del grupo irregular, como lo señala el GIEI en su informe, Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Para este propósito, la Fiscalía pidió a la autoridad jurisdiccional que señale el auto de apertura del juicio oral por causar daños a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que pedirá 20 años de privación de libertad.

El fiscal de Chuquisaca Javier Gorena explicó que de acuerdo con los elementos colectados en la investigación se estableció que Yassir Molina, Mario Bascopé R., Fabio Bascopé R. y Milena Soto L., en su calidad de cabecillas, impartieron instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho ilícito en el inmueble considerado patrimonio arquitectónico en Sucre.

En este proceso, Molina es señalado como líder del grupo irregular RJC y es acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación a delito de destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación ilícita, tenencia y porte, portación ilícita, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado.

Además, en la investigación se estableció que Mario S.S. y Ayda R.L.T. habrían facilitado los medios logísticos y recursos humanos para engrosar las filas de esta organización para cometer el hecho criminal, por lo que fueron acusados por presunta complicidad.
Los sindicados son acusados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado.

El Ministerio Público tiene listos 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales con la finalidad de demostrar la autoría y participación de los principales investigados y sus cómplices, como el caso de Patricia Arce, quien era alcaldesa de Vinto en 2019 y sufrió agresiones y humillaciones públicas, luego de que este grupo la agredió, le cortó el cabello, le echó pintura y la hizo caminar descalza por las calles, siendo que cada que se desmayaba, la hacían reaccionar con agua.

“Han causado terror en la población, más aún en las personas que vestían pollera o pensaban diferente, realmente 20 años (de prisión) es muy poco para todas las víctimas que hemos sufrido (…) Vamos a exigir que sean más de 20 años porque han causado terror, la desestabilización económica, social y política de nuestro país”, dijo a los medios la exalcaldesa.

DEFENSA DESDE LA OPOSICIÓN
Luego de conocerse que los acusados de la RJC tenían hasta hoy para presentar sus descargos en este proceso, políticos de oposición manifestaron su respaldo al grupo irregular, pese a las evidencias que hay de su participación durante los hechos previos y posteriores al golpe de Estado.

Tal es el caso de Creemos, de Luis Fernando Camacho; Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa; el Comité Cívico pro Santa Cruz; el Conade y otras instancias y personajes también involucrados en los hechos de 2019 que permitieron la autoproclamación de Añez como presidenta.

“Conade, Creemos y otras agrupaciones similares lo que buscan es impunidad; ellos saben, están conscientes de que han sido actores intelectuales y financiadores de grupos parapoliciales, y en esa medida necesitan exacerbar la politización del tema, para que la atención se centre en un falso debate entre fuerzas políticas, y se olviden que el objetivo final es hacer una suerte de reparación a las víctimas del golpe de Estado”, señaló al respecto el analista Luis Arancibia a Bolivia TV.

.Redacción central/ Ahora El Pueblo